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INFORME N° 1: Situación Política Nacional al primer semestre 2026

Equipo Editorial SOMOS INCIDE 31 de agosto de 2026
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A cinco meses de Kast, la aprobación cayó veinte puntos y las calles ya se llenaron de estudiantes, docentes y trabajadores. Un gobierno que gobierna a fuerza de relato y represión, sin base social propia. El primer Informe Político Quincenal analiza por qué esa fragilidad, sola, no basta para la clase trabajadora.

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El primer semestre de 2026 marcó, en Chile, el cierre de un ciclo político y la apertura de otro: el fin de cuatro años de gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, dejando profundas grietas y fisuras abiertas por el ciclo de movilizaciones sociales que vivió el país durante su mandato en el cual no se logra resolver las demandas de la clase trabajadora. En este contexto, se inicia la administración de extrema derecha del gobierno de J.A. Kast, con un programa que es la expresión de la ofensiva de las clases dominantes y del gran capital, con el objetivo de reconfigurar el orden social burgués en Chile a través de la denominada "Megareforma", bajo el nombre de Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, incluyen una serie de medidas de ajuste fiscal y de otorgamiento de beneficios a las clases dominantes, de recortes presupuestarios y de ajuste fiscal que, en apenas cinco meses de haber asumido el poder, ya encontraron en la calle sus principales límites.

Este primer Informe Político Quincenal busca analizar estas coyunturas a partir de los intereses de nuestra clase, y no desde la contingencia instalada por los medios hegemónicos de comunicación. ## ##

I. Cierre de un ciclo

En noviembre de 2025, la primera vuelta presidencial dejó a José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista) como los dos candidatos con más alta votación, en una elección marcada por la obligatoriedad del voto, en medio de un cuadro de atomización, apatía política y descontento social. En el balotaje, Kast se impuso con el 58,2% de los votos, tras sumar el respaldo de las otras candidaturas: la derecha liberal, representada por la coalición Chile Vamos (UDI, RN, PRI y EVOPOLI), además adhiere el Partido demócrata cristiano y sectores fascista informales (MSP). El 11 de marzo de 2026 asumió como Presidente J.A. Kast, cerrando un ciclo político sin que se hayan logrado transformaciones estructurales de parte del gobierno saliente, como culminación de una etapa marcada por dos procesos constituyentes fallidos y por la expectativa de cambios que, en lo esencial, no ocurrieron. Dejando con ello el camino expedito para que la extrema derecha capitalizara el descontento social que la propia gestión del gobierno anterior ayudó a acumular y consolidar.

II. Los primeros meses de Kast: seguridad, reconstrucción del Estado, reactivación económica e inmigración

El nuevo gobierno no ocultó su programa: gobernar bajo el relato de una "emergencia" en seguridad, orden público y economía, sin embargo no era más que un programa funcional a los intereses de las clases dominantes y una ofensiva capitalista contra el pueblo trabajador. La auditoría fiscal no es un ejercicio técnico neutro, sino la fachada política de recortes presupuestarios que golpean directamente a salud, educación, programas de alimentación escolar, entre otros programas sociales; es decir, los servicios que entregan las garantías mínimas de los derechos básicos de cualquier ser humano y que no tocan las utilidades del gran empresariado. A eso se suma una agenda de endurecimiento migratorio que fragmenta a la clase trabajadora por nacionalidad y potencia un mensaje de odio. Además de proyectos de ley que apuntan derechamente a criminalizar la protesta social, el libre ejercicio de la democracia, limitar el acceso a la educación, investigación y cultura. Anticipando que el propio gobierno sabe que su programa solo puede sostenerse con más represión, a fuerza de decretos y no con legitimidad del pueblo. El resultado económico de estos primeros meses, desmiente además el relato de "orden" y "eficiencia" con que la extrema derecha se presentó: la inflación se ha visto presionada por alzas en combustibles, la UF superó los $40.000 elevando los créditos hipotecarios. Incluso organismos económicos de oposición han debido reconocer que las medidas del Ejecutivo carecen de una estrategia coherente y trasladan el costo del ajuste directamente a los bolsillos de las familias trabajadoras. El gobierno que prometió resolver el "estancamiento económico" finalmente profundiza los costos en quienes menos tienen para amortiguarlos.

III. La respuesta social

En base a las acciones antes mencionadas la reacción no se hizo esperar. Ya en marzo, la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES) y el Colegio rechazaron los recortes a la educación. En junio, Santiago vivió una de las movilizaciones más masivas desde la asunción de Kast, contra el plan de austeridad y una nueva ley educativa cuestionada por el mundo docente. En julio, nuevas protestas —con participación de trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales— se extendieron a distintas ciudades del país, exigiendo que el Ejecutivo frenara las reformas en curso. El correlato de este ciclo de movilizaciones se refleja en las encuestas: la aprobación del gobierno cayó de cerca de 58% a 38% en apenas los primeros meses de gestión. Sectores sindicales y estudiantiles ya anuncian que las convocatorias continuarán si no hay cambios en las políticas cuestionadas.

IV. Lectura de clase

Leído a partir de los intereses de la clase trabajadora, lo que muestran estos primeros meses no es la fortaleza de un proyecto que "ordena" el país, sino la fragilidad de un gobierno sin base social propia que administra el ajuste a fuerza de relato y represión. El 58% del balotaje no fue una adhesión programática al recorte social y a la criminalización de la protesta: fue el voto castigo contra una administración anterior que había agotado su crédito político con falsas promesas de transformación, su ácida crítica a los partidos y sus formas de hacer política, y que, a poco andar, se vio envuelta en la corruptela del Caso Fundaciones (o Caso Convenios) que estalló en junio de 2023 y que carcomió al Gobierno de Boric. Confundir ese repudio con un mandato para profundizar el modelo es el mismo error de lectura que ya cometió el progresismo saliente con el estallido social: la caída de veinte puntos en la aprobación en apenas cinco meses de gobierno es la prueba de que no hay tal mandato, sino un gobierno que gobierna a favor de las clases dominantes y contra la mayoría de quienes lo votaron por descarte. Esa fragilidad, sin embargo, por sí sola, no es garantía de nada, y sería un error interpretarla con la misma pasividad con que el progresismo leyó su propia llegada al poder en 2022, con enormes expectativas depositadas por las masas populares y la pequeñoburguesía.

Un gobierno débil que no encuentra resistencia organizada no cae: se aperna en el poder, profundiza la represión y gana tiempo administrando el descontento, tal como ha ocurrido con gobiernos progresistas y burgueses de ajuste en otros países de la región. El desgaste político se refleja en las encuestas, pero solo se traduce en conquistas para la clase trabajadora si existe una fuerza organizada capaz de capitalizarlo políticamente; y hoy esa fuerza no existe como tal: solo existen una serie de conflictos sectoriales, defensivos, limitados y despolitizados —en educación, salud, administración pública y vivienda— que el propio gobierno administra por separado, negociando con cada gremio para evitar que la protesta se generalice. El punto que atraviesa este primer semestre —y que ya recogimos en la cobertura del relanzamiento del Manual de Acción Sindical Rodrigo Cisterna Fernández en Valparaíso— es precisamente ese: mientras la lucha sindical no se proyecte como una lucha política de conjunto, con un proyecto propio de la clase trabajadora, el gobierno seguirá teniendo margen para dividir, desgastar y sobrevivir a su propia debilidad.

Kast es un gobierno que se propone gobernar sobre la base del autoritarismo y la represión, contra la clase trabajadora y el pueblo, apoyado en una mayoría atomizada y despolitizada que lo eligió y que hoy se encuentra decepcionada tanto de Kast como de la casta política corrupta y de las instituciones del Estado, en medio de un clima de atomización, dispersión, confusión política y desideologización. A ello se suma la fractura de la clase trabajadora —que lleva años— y que no será fácil de revertir. Precisamente este es el tema que debemos desentrañar: cómo aportar a fortalecer las organizaciones de los trabajadores, a la rearticulación del tejido social, y cómo construir organización clasista y popular, en el marco de una nueva construcción política clasista y popular que nos permita ir ganando pequeñas batallas para irnos fortaleciendo, equiparando poco a poco la correlación de fuerzas, e incidir en el estado de ánimo de las masas trabajadoras para organizarlas y movilizarlas frente al gobierno autoritario de Kast.

En definitiva, mientras los trabajadores —incluidos los sectores más combativos— no tomen conciencia de llevar la lucha reivindicativa-sindical a un estadio superior, la lucha política, bajo un Plan con objetivos concretos que incluya instalar el debate en torno a la necesidad de dotarse de un proyecto propio bajo independencia política, será muy difícil enfrentar a las clases dominantes, al Estado capitalista y a los distintos gobiernos burgueses de turno, pues toda lucha se diluirá en su propia debilidad, tal como la realidad nos lo ha mostrado en estas últimas décadas, lo que ha permitido sacar créditos al populismo de izquierda y de derecha, al reformismo, al progresismo pequeñoburgués y a las diferentes corrientes liberales, conservadoras y fascistoides. Mientras tanto, los distintos gobiernos de turno continuarán imponiendo al pueblo trabajador sus planes hambreadores en beneficio del gran capital.

V. Perspectivas de la lucha popular

Para el segundo semestre, los ejes de conflicto identificados desde el inicio de la administración —trabajo, previsión social, vivienda, salud, educación y derechos humanos— continúan abiertos y sin resolución. El desafío político para las organizaciones sindicales, sociales y populares será convertir el desgaste del gobierno en un proceso de planificación y organización para intervenir en las luchas obreras y populares, lo que nos permitirá, poco a poco, atravesar un proceso de acumulación de fuerzas propio, con demandas y un proyecto político de la clase trabajadora que se proponga la toma del poder político, y no solo adoptar una posición reactiva y contestataria frente a las políticas antiobreras y a cada nueva medida del Ejecutivo contra el pueblo trabajador. Esto es importante resaltarlo, pues a medida que se profundicen las medidas económicas de Kast —haciendo estragos en los bolsillos de los trabajadores, con el aumento de la cesantía, el alza de los artículos de primera necesidad y el costo de la vida, entre otros— se irá generando un ambiente en el que se decantarán las contradicciones capital-trabajo y, por ende, se creará un ambiente convulsivo que obligará a las masas a movilizarse.

Pudahuel, 31 de agosto de 2026.

Próxima edición: segunda quincena de septiembre de 2026.