LA CORRUPCIÓN EN CHILE EN DICTADURA Y DEMOCRACIA

Para tratar el flagelo de la corrupción en Chile se debe iniciar a partir de los casos que se dieron en la dictadura militar, con las privatizaciones de las empresas del Estado (CAP, SOQUIMICH, LAN Chile, entre otras), vendidas a vil precio a grupos económicos y grandes empresarios.

El Caso Riggs, en que se descubrió más de un centenar de cuentas bancarias secretas a nombre de Augusto Pinochet y su familia en el Riggs Bank de EE.UU. El caso CEMA Chile, en 1989, con el traspaso de bienes raíces fiscales a la Fundación Centros de Madres CEMA Chile, dirigida por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart. El caso Pinocheques, en que Pinochet emitió tres cheques por un monto cercano a 971 millones de pesos a favor de su hijo mayor, Augusto Pinochet Hiriart.

En democracia, la corruptela continuó durante el gobierno de Ricardo Lagos con el caso MOP-GATE (2002-2003), por pagos de sobresueldos y fraude al fisco a través de contratos y licitaciones brujas y asesorías simuladas entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa externa GATE S.A.

El caso Coimas, por corrupción, sobornos y cohecho, en que el empresario de plantas de revisión técnica Carlos Filipi admitió haber realizado pagos al entonces subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, para obtener una concesión de revisión técnica en la región de O'Higgins.

El caso Caval, negocio inmobiliario y tráfico de influencias durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuya empresa pertenecía a Natalia Compagnon (nuera de Bachelet), en la que trabajaba Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria. En diciembre de 2013, Caval recibió un crédito de 10 millones de dólares del Banco de Chile para comprar terrenos agrícolas en Machalí, región de O'Higgins, para armar un proyecto inmobiliario que le reportaría pingües utilidades.

El caso del financiamiento ilegal de la política corresponde a aportes empresariales a través de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas. El caso SQM (2015), en que se indagaron pagos irregulares de la minera a operadores políticos (oficialismo y oposición) a través de boletas y documentos falsos por servicios que nunca se realizaron.

El caso Corpesca (2016) involucró pagos de una empresa pesquera a parlamentarios a cambio de influir en la Ley de Pesca (2016), derivando en condenas efectivas por soborno y fraude.

El caso Audios (o caso Hermosilla), un escándalo de corrupción, sobornos y tráfico de influencias destapado en 2023 tras la filtración de una grabación en la cual el abogado Luis Hermosilla hablaba de sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República para obtener información protegida sobre las empresas de Daniel Sauer.

Y así, tantos otros como el caso Convenios (2023), durante el gobierno de Boric, con el traspaso de millonarios fondos públicos a fundaciones sin fines de lucro, investigado por fraude al fisco y tráfico de influencias bajo convenios realizados por un total de $89.000 millones de pesos en contratos con organizaciones civiles.

El caso Dominga (2021), en que se investigó la venta de la minera Dominga, en 2010, a la familia del amigo de Piñera, Carlos Alberto Délano, en las Islas Vírgenes Británicas, por 152 millones de dólares. El último pago estaba condicionado a que la zona minera no fuera declarada área de protección ambiental.

El caso Procultura, sobre presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos vinculados a convenios millonarios entre el Estado y la Fundación Procultura, enfocada en el desarrollo cultural comunitario, en el que se encontraban involucrados traspasos de fondos por más de $6.000 millones de pesos.

El origen de la corrupción estatal en Chile y en los municipios

La democracia -no es más que la dictadura del capital- y la casta política oculta celosamente que el poder real lo ejerce quien tiene los recursos económicos, sobre el cual se ejerce la dominación; los sobornos, privilegios, el tráfico de influencias y el nepotismo son solo mecanismos directos de dicha dominación. El aparato burocrático, por tanto, es el instrumento del Estado que sirve a las clases dominantes para mantener su poder y controlar a la clase trabajadora y al pueblo. El rol de la burocracia funciona como una herramienta para resguardar y administrar los intereses de quienes poseen los medios de producción: las fábricas, industrias, tierras y el dinero.

En síntesis, las funciones del Estado —en nuestro caso, los municipios— son correas de transmisión política para servir al Estado capitalista, asegurando la propiedad privada y las ganancias de los grupos económicos y grandes empresarios. Para este objetivo, la burocracia estatal forma un grupo especial de burócratas alejados de la dura vida que llevan cotidianamente los trabajadores y la población, y que, para mantener el orden social, utiliza las leyes, las instituciones y a la policía a fin de evitar los conflictos, protestas, movilizaciones y huelgas, y así asegurar que los trabajadores no paralicen la producción. La corrupción, la delincuencia estatal, el narcotráfico y la narcopolítica son parte del capitalismo como sistema económico y social, el cual, sin estas lacras sociales, no podría subsistir.

La corrupción en los municipios obedece a un grave problema estructural. Su origen tiene varias aristas: leyes permisivas para castigar la corrupción, la gran mayoría no cuenta con políticas anticorrupción, falta de control, entre otras. ¿Y qué pasa en el municipio de Pudahuel? El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por el presunto desvío de $10.400 millones en nuestra municipalidad. También existen irregularidades urbanísticas, como el del Centro Logístico Lo Aguirre, por permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales, cuestionados por la Contraloría General de la República y el Seremi del Minvu debido a la incompatibilidad de uso del suelo. Existen cuestionamientos por la modificación de límites habitacionales e industriales en el sector poniente de Pudahuel. La historia de los proyectos inmobiliarios comenzó hace 24 años con Ciudad de los Valles e Izarra de Lo Aguirre. El periplo que hicieron sus dueños comenzó por la Municipalidad de Pudahuel, pasando luego por distintas entidades públicas hasta obtener los respectivos permisos que les permitieron desarrollar enormes complejos urbanísticos que involucran inversiones por más de mil millones de dólares, lo cual evidencia que fueron edificados sobre bases irregulares.

En nuestra comuna debemos superar la atomización y el inmovilismo que nos sacude, informarnos y hacer un ¡párale político! a la corruptela, pues los recursos cuestionados influyen drásticamente en la disminución de los presupuestos destinados a proyectos sociales y, a la vez, debemos desenmascarar a todos los partidos políticos corruptos, cómplices que en el Parlamento conviven en perfecto maridaje para servir a los intereses de los grandes empresarios y del gran capital. En lo inmediato, levantar un Comité Anticorrupción conformado por trabajadores, pobladores, vecinos, vecinas, mujeres, jubilados, etc., para ejercer un riguroso control sobre los fondos públicos, para lo cual es necesario organizarnos y movilizarnos contra la corrupción municipal y, a la vez, trazarnos el objetivo político de que sea la población trabajadora la que administre y mande sobre los problemas sociales más urgentes de nuestra comuna, y decida democráticamente el futuro del municipio de Pudahuel.

Íñigo Bravo Radio Insumisa de las Barrancas.