Las semillas no se venden: se defienden. Hoy cierra la consulta que amenaza con dejar fuera a quien las guarda
"llamamos a rechazarlo en su forma actual y a exigir que se garantice, sin ambigüedades, el derecho a guardar, intercambiar y reproducir semillas"
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cierra hoy, 10 de agosto, la consulta pública sobre la nueva normativa de comercialización de semilla corriente. Tal como está redactado, el proyecto castiga a quien menos tiene y protege a quien más concentra: desde las Organizaciones "llamamos a rechazarlo en su forma actual y a exigir que se garantice, sin ambigüedades, el derecho a guardar, intercambiar y reproducir semillas".
Desde el 8 de junio, el SAG mantiene abierta una consulta ciudadana sobre la resolución que "Establece requisitos para la comercialización de semilla corriente y deroga Resolución que indica". El plazo termina hoy 10 de agosto 2026. Es, en los hechos, la última oportunidad para que pequeños productores, agricultura familiar campesina y organizaciones que conservan semillas tradicionales hagan llegar sus observaciones antes de que el texto se cierre.
Lo que el proyecto pone sobre la mesa
La propuesta define el comercio de semillas de manera amplia: incluye toda cesión, entrega o transmisión, incluso a título gratuito. Junto con otras disposiciones del mismo texto, esa definición abre la puerta a que trueques, intercambios comunitarios y entregas de semillas entre vecinos y organizaciones campesinas —prácticas que han sostenido durante generaciones la conservación de variedades locales— terminen siendo alcanzadas por una regulación pensada para el mercado formal.
A eso se suma la exigencia de inscribir las variedades agrícolas en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas (LVOD) para poder comercializarlas, con requisitos técnicos, entrega de muestras y costos de inscripción. También se establecen exigencias de pureza varietal, trazabilidad y análisis de laboratorio. Tomadas en conjunto, son barreras que un productor familiar o una red de guardadores de semillas difícilmente puede costear en las mismas condiciones que una empresa semillera constituida.
El riesgo no es menor: las semillas tradicionales o criollas no son un producto uniforme de catálogo, sino el resultado de generaciones de selección y adaptación al territorio. Es justamente esa diversidad genética la que permite resistir sequías, plagas y los efectos cada vez más impredecibles del cambio climático. Estandarizarla bajo los mismos requisitos que rigen para semillas certificadas de escala industrial no protege esa diversidad: la condena a desaparecer. No es un efecto colateral menor de una norma bien intencionada: es el resultado previsible de exigir a quien no tiene capital los mismos trámites, plazos y análisis que a quien sí lo tiene.
Lo que dice el SAG
Es necesario decirlo con el mismo rigor que exigimos a la letra chica del proyecto: el propio SAG salió a aclarar, ante las críticas recibidas, que la resolución no busca regular el intercambio cultural de semillas tradicionales o ancestrales, y que la mayoría de las exigencias no son nuevas, sino que ya rigen desde 2022 e incluso desde 1977. El organismo propone además un umbral anual de comercialización —del orden de 50 kilos para semillas de mayor tamaño que el trigo— bajo el cual se flexibilizarían varios requisitos, permitiendo declarar valores referenciales de germinación y pureza sin depender de laboratorios certificados, y eximiendo de presentar muestra de referencia al inscribir una variedad.
Es un matiz relevante, y hay que consignarlo con el mismo rigor con que exigimos leer la letra chica del proyecto. Pero un comunicado de prensa no modifica el texto normativo, y lo que hoy está en consulta —no lo que el SAG dice que quiso decir— es lo que eventualmente entrará en vigencia. La definición amplia de "comercio" en el numeral 2.a sigue sin excluir de manera expresa el trueque y la entrega gratuita sin fines empresariales, los costos de inscripción y análisis siguen recayendo sobre quienes menos margen tienen para asumirlos, y no existe todavía una categoría diferenciada, con requisitos simplificados, para la semilla campesina y tradicional. Mientras esas garantías no queden escritas en la resolución misma, la aclaración del SAG es una promesa verbal frente a un problema estructural. No basta, y no debería bastarnos.
Una disputa de clase, no solo técnica
Detrás de los numerales hay una tensión que atraviesa al agro chileno desde hace décadas: por un lado, un puñado de empresas semilleras y exportadoras que operan a escala industrial y para las que la trazabilidad, el registro y los análisis de laboratorio son un costo administrativo menor; por otro, la agricultura familiar campesina y las organizaciones que guardan semillas como parte de un patrimonio colectivo, para quienes esos mismos requisitos pueden significar quedar fuera del sistema formal —o, peor, exponerse a que sus propias prácticas de intercambio queden en zona gris legal.
Cuando una norma fitosanitaria, redactada con el objetivo legítimo de ordenar la calidad y la trazabilidad del mercado, termina afectando de manera desigual según quién tenga capacidad de pago, deja de ser un asunto meramente técnico. Se convierte en una definición sobre quién produce el alimento en este país y bajo qué condiciones puede seguir haciéndolo. Las semillas no son solo un insumo agrícola: son biodiversidad, patrimonio y, en última instancia, soberanía alimentaria en un escenario de crisis climática donde esa diversidad genética es, literalmente, una reserva de futuro.
Qué pedir, y por qué hoy es el último día
Organizaciones como la Red de Semillas Libres han impulsado una guía ciudadana para participar en esta consulta, y las observaciones recogidas coinciden en un conjunto de peticiones concretas: excluir del concepto de comercio el trueque y la entrega gratuita sin fines empresariales; establecer excepciones para pequeños productores y agricultura familiar; crear una categoría especial y simplificada para semillas tradicionales o criollas; eliminar o subsidiar los costos de inscripción y análisis para quienes producen a pequeña escala; y reconocer de manera expresa el derecho a conservar, reproducir e intercambiar semillas tradicionales.
Desde SOMOSINCIDE.CL creemos que esta consulta merece ser leída con esa clave: no como un trámite regulatorio menor, sino como una decisión sobre a quién protege y a quién le pone barreras la política pública agrícola. Y en su forma actual, el proyecto no protege la biodiversidad ni la agricultura familiar: la somete a un estándar diseñado para otra escala de producción. Por eso no basta con "participar" en la consulta: hay que manifestarse en contra del texto tal como está redactado, y exigir que las seis peticiones levantadas por las organizaciones campesinas y de guardadores de semillas queden incorporadas por escrito antes de que la resolución se publique.
La consulta cierra hoy 10 de agosto. Si tu organización, tu familia o tu comunidad guarda, intercambia o reproduce semillas, este es el momento —el último— para hacer llegar tu rechazo, antes de que la norma se defina sin ella.
